Se delega en los ciudadanos que en ella se mencionan, la defensa de los derechos e intereses de la Defensoría del Pueblo en todos los asuntos que se puedan presentar, bien sean administrativos, civiles, laborales o penales, tributarios, mercantiles y/o tránsito, en juicios o procedimientos en que ella esté llamada a intervenir, en razón de contratos suscritos o actos emitidos por los Organismos que en ella se mencionan de todo el Territorio Nacional.

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